Denunciaron a una jueza y peligra la continuidad del juicio por la muerte de Maradona
Investigan si en las audiencias se grabó un documental sin autorización. Según una denuncia, sería realizado por una productora del hermano de Julieta Makintach, miembro del tribunal.
La fiscal Carolina Asprella, a cargo de la Fiscalía de San Isidro, tiene en su poder la denuncia realizada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, quienes representan a Dalma y Gianinna Maradona y a Diego Fernando (por medio de su madre, Verónica Ojeda).
La causa investiga la presunta realización de un documental por parte de una productora vinculada a un familiar de una de las juezas del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, a cargo del juicio.
Burlando y Baudry entienden que existe una presunta comisión de varios delitos por la posible realización de un documental para el cual los hijos del Diez no dieron su consentimiento.
El primero que mencionó la realización de un documental fue Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, cuando en la audiencia contó que fue contactado por productores de la BBC de Londres para dar testimonio en un informe especial. En ese momento pidió la identificación de dos personas, un hombre y una mujer, que se presentaron como escritores y negaron ser parte de un documental de la señal europea.
Luego, Rivas fue más directo y sostuvo que, en realidad, el documental lo está realizando la productora Pegsa, cuyos propietarios son el ex jugador de Los Pumas Agustín Pichot y Juan Makintach, hermano de la jueza Julieta Makintach.
Esto causó un gran revuelo en la sala de audiencias. En diálogo con Clarín, la jueza Makintach negó la realización de un documental, que no tiene vínculo con la BBC ni Pegsa, y aclaró que su hermano no está al tanto de lo que sucede en el juicio, sino que se encuentra de viaje por trabajo.
Respecto a estas dos personas, aclaró que la mujer es amiga suya, que el padre era judicial y que ella le pidió permiso para presenciar el juicio, “que es público”, remarcó.
"Podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal”
Burlando y Baudry señalaron en su denuncia que “se investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal”.
Según la denuncia, de confirmarse la presunción de dos de los particulares damnificados “se podrían estar gestando actos que, además de comprometer el principio de imparcialidad, reserva, independencia judicial y debido proceso, podrían encuadrar en tipos penales que afecten el correcto ejercicio de la función pública y el curso regular de la justicia”.
Con información Diario Clarín, editada y redactada por un periodista de Pasta de Campeón/ADNSUR